La ley de ADN, Videla y el caso Noble



Comprometidos. Según un testimonio que obra en la causa, el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, habría dicho que el dictador Jorge R
por Daniel Cecchini
dcecchini@miradasalsur.com

De acuerdo con información suministrada por organismos de derechos humanos a Miradas al Sur, la sanción en el Senado de la ley que autoriza la recolección de ADN por métodos no invasivos impactará positivamente –a corto o mediano plazo– en el desarrollo de alrededor de 60 procesos relacionados con la restitución de la identidad a hijos de desaparecidos que fueron apropiados ilegalmente durante la última dictadura. Mientras tanto, el viernes próximo, el genocida Jorge Rafael Videla deberá prestar declaración indagatoria ante el juez federal de San Isidro Conrado Bergesio, en el marco de la causa que investiga la presunta apropiación de dos hijos de desaparecidos por parte de la directora del grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble.
Ahora, la indagatoria a Videla será el primer paso procesal en casi dos meses, después del infructuoso careo realizado a principios de octubre entre el CEO del grupo Clarín, Héctor Magnetto, y el periodista José Ignacio López, autor de El hombre de Clarín, una biografía autorizada del propio Magnetto, para esclarecer la posible participación de este último en la adopción de los niños –hoy jóvenes adultos– inscriptos irregularmente como Marcela y Felipe Noble Herrera.
La citación al dictador se debe al testimonio del ex dueño de La Razón, José Pirillo, quien declaró que Héctor Magnetto le relató que, en 1976, él mismo le había conseguido los dos niños a Ernestina Herrera de Noble por intermedio de Videla. Por esta razón, en el proceso también está previsto realizar un careo entre el hombre fuerte de Clarín y Pirillo, aunque todavía no se le ha fijado fecha debido a que el ex propietario de La Razón (diario que hoy pertenece al Grupo Clarín) se encuentra en el exterior.

Todos los casos, un caso. Contra lo que podía hacer suponer la fuerte campaña en contra de los medios más concentrados de la Argentina y las virulentas críticas de algunos dirigentes de la oposición, la ley de ADN fue aprobada en la Cámara alta por una aplastante mayoría de 58 votos contra uno. A la hora de votar, ningún senador tuvo en cuenta las dos falacias que ensuciaron el debate público: que se trataba de una herramienta compulsiva que afectaba los derechos de las víctimas y que era una ley diseñada para atacar al Grupo Clarín, como se cansó de repetir una diputada electa con vocación por las profecías apocalípticas. Sí es cierto que, al brindar una nueva herramienta para devolver la identidad a todos los hijos de desaparecidos apropiados durante la dictadura, la ley golpea bajo la línea de flotación la estrategia de los defensores de Ernestina Herrera de Noble, que se oponen a que el material genético de los niños inscriptos irregularmente como Felipe y Marcela sea comparado en el Banco Nacional de Datos Genéticos con el de 30 grupos de familiares de víctimas del terrorismo de Estado entre los que podrían encontrarse sus familias biológicas.
Los abogados de la directora de Clarín se oponen a brindar muestras de sangre de Felipe y Marcela para compararlas en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Pretenden, en cambio, realizar análisis comparativos de ADN en un centro privado, limitándolos a sólo dos familias (Lanoscou-Miranda y García-Gualdero) con las que están casi seguros de que los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble no tienen ningún parentesco. Entonces, con los resultados negativos de esos únicos dos casos en la mano, intentarían cerrar la causa. La ley desbarata esta estrategia y obliga al juez a ordenar la obtención de manera no invasiva (extrayéndolo de peines, cepillos de dientes o ropas) de material genético de los dos jóvenes, para compararlo con 12 grupos familiares en el caso de Marcela y con otros 18 en el caso de Felipe. Una medida solicitada desde hace años por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Sin embargo, la aplicación de la ley podría demorarse. “El procedimiento debería realizarse cuanto antes, pero el juez ha mostrado una y otra vez su falta de voluntad para hacer avanzar la causa, demorando los pasos procesales de una manera llamativamente funcional a la estrategia de la defensa. No nos extrañaría que ahora tomara alguna otra medida dilatoria, incluso que llegara a declarar la inconstitucionalidad de la ley”, dijeron, preocupados, a Miradas al Sur cerca de la querella. La desconfianza no carece de fundamentos. Bergesio se hizo cargo de la causa luego de que el anterior juez, Roberto Marquevich –que había ordenado la detención de Ernestina Herrera de Noble por los delitos de “falsificación de documentos públicos, inserción de datos falsos y uso de documento falso” durante la inscripción de los dos niños como sus hijos–, fuera suspendido por el Consejo de la Magistratura. Desde entonces, el proceso avanzó poco y nada.
En la práctica, el juez Bergesio contaba con herramientas para ordenar los análisis comparativos de ADN aún antes de que se aprobara la ley. Es una medida que otros magistrados ya han ordenado en nueve casos de hijos de desaparecidos. El más notorio fue el de Evelyn Vázquez, una niña apropiada que se negaba a someterse al examen de ADN para proteger a sus apropiadores. En octubre de 2003, la Corte Suprema de Justicia –con su anterior composición– se pronunció en contra de la extracción obligatoria de sangre para realizar los análisis comparativos. El tribunal fundó su resolución en el “derecho a la intimidad” de la joven. La medida fue apelada por Abuelas de Plaza de Mayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). En 2007, el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid ordenó la obtención de material genético mediante el allanamiento del domicilio de la joven y su comparación permitió descubrir que era hija de Rubén Bauer y Susana Pegoraro, y que había sido apropiada ilegalmente por el marino Policarpo Vázquez y su mujer.
El caso más reciente data de hace apenas dos meses, cuando la Corte Suprema ordenó la recolección, mediante un allanamiento de domicilio, de material biológico para realizar pruebas de histocompatibilidad de los jóvenes inscriptos como Emiliano y Guillermo Prieto, también hijos de desaparecidos. “Con estos antecedentes, Bergesio debería haber tomado la medida hace tiempo, sin embargo no hizo absolutamente nada”, señalaron fuentes cercanas a la querella.

Una ley contra la trampa. Posiciones como la del juez de la causa Noble son, por sí mismas, prueba de la necesidad de la ley de ADN para esclarecer los casos de apropiación de hijos de desaparecidos, devolver su identidad a las víctimas y castigar a los culpables. “La sanción de la ley, además de ser el resultado de un compromiso del Estado argentino con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destaca la existencia de un problema: los jueces ya tenían las armas para disponer los estudios de ADN, pero en muchos casos no lo hacían, lo que pone de manifiesto que algunos miembros del Poder Judicial no eran receptivos al criterio de restitución de los nietos a sus familias biológicas”, dijo a Miradas al Sur Rodolfo Yanzón, abogado de la Asociación Liga de los Derechos del Hombre. “Creemos que el impacto será muy bueno, porque va a unificar el criterio de los jueces y otorgará más previsibilidad a las resoluciones. Permitirá optimizar los tiempos judiciales y avanzar más rápidamente en las causas”, coincidió Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.
Para lograr una mejor aplicación de la norma, el Ministerio de Justicia de la Nación está capacitando a un grupo de integrantes de las fuerzas de seguridad para participar en los allanamientos. Además, las Abuelas de Plaza de Mayo le han pedido al ministerio público que los fiscales participen de los procedimientos. “Hasta ahora, en algunos participaban jueces, secretarios o funcionarios del Banco de Datos Genéticos. Pedimos que, por lo menos en los casos donde ninguno de éstos participe, lo hagan los fiscales. De ese modo la medida será más eficaz e incuestionable”, dijo Iud a Miradas al Sur.
Mientras se esperan los resultados de la declaración indagatoria de Videla en la causa de los hijos adoptivos de la directora de Clarín, la ley contra la que el multimedio más poderoso de la Argentina desató una de sus campañas más feroces y persistentes ya es un hecho. Los resultados de su aplicación –la restitución de su verdadera identidad a decenas de hijos de desaparecidos y el castigo de los responsables– serán la prueba de su enorme dimensión histórica.

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