Cuando cada santafesino vaya a votar en junio, recibirá un sobre, un arma y siete balas. Con ellos podrá volver a matar a siete muertos.



Graciela Acosta tenía 35 años, 7 hijos, un abismo de pobreza rodeándola en aquél diciembre de 2001 y la dignidad de ser militante de un movimiento social. Su pecho recibió una bala 9 mms. mientras buscaba desesperada a algunos de sus hijos, a 150 metros del supermercado La Gallega de Villa Gobernador Gálvez. La provincia de Santa Fe, a través de su policía, la mató y desmembró a su familia. Testigos y pericias confirman que el tiro que mató a Graciela fue hecho por el agente Luis Quiroz, condenado a once años de prisión.
Rubén Pereyra tenía 20 años y dos amores: su mujer, María y su hija Aldana. Lo que no tenía era plata. Cirujeaba cartones y vidrios. En aquél diciembre fue con otros a la autopista, se decía que venían camiones con comida. Pudo llevar a su casa un pedazo de carne y el lujo de los pañales. Lo mató la policía provincial cruzando un puentecito, llevando al hombro un cajón con comida según los testigos. Según el informe oficial no murió allí, sino a tres cuadras. Y a las balas reales, el informe policial agrega heridas de armas blancas que ningún testigo avala. El juez Osvaldo Barbero dictó falta de mérito y sobreseimiento de los ocho policías procesados.
Juan Delgado era albañil y esperaba el reparto de comida que habían prometido en el supermercado de Necochea y Pasco, en Rosario, en aquél diciembre. Fue una emboscada. En vez de comida apareció la policía disparando hacia todos lados. Juan cayó y la policía provincial se le vino encima. Lo remataron en el piso con una Itaka. Le sacaron seis perdigones del cuerpo y balas de goma. El juez Barbero resolvió el sobreseimiento de los 17 policías involucrados. Juan dejó huérfanos de padre a dos nenas, de 4 y 3 años y a un nene de uno.
Yanina García escuchó los disparos y fue corriendo a la puerta de su casa a buscar a su nena, Romina, de dos años. Romi estaba aterrada, decenas de policías tiraban a la gente y todos corrían y todos gritaban y Yanina recibió un tiro que le perforó el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Tenía 18 años. El juez Barbero reconoció que la mató una bala de la policía de la provincia de Santa Fe, pero no individualizó al autor y se dictó el sobreseimiento de los once policías indagados.
Ricardo Villalba estaba en Cabassa al 1700 en aquél diciembre, frente a un mercadito que no pudo resistir el saqueo del hambre. Ricardo tenía 16 años. Desde la vereda de enfrente le dispararon a la cabeza. Su cráneo estalló. No hay imputados en esta causa pese a que la comisión investigadora no gubernamental asegura que es evidente que fue uno de tres policías de la seccional 10° de la unidad regional 2.
Walter Campos tenía 15 años, tenía hambre y estaba en la cola de un reparto de comida, en Olivé y Cabal, en Rosario, en aquél diciembre. Lo corrió y lo mató Ángel Omar Iglesias, experto tirador de las Tropas de Operaciones Especiales, tropas de elite enviadas por la provincia a un simple reparto de comida. Le reventó el hipotálamo. El propio Iglesias lo contó, tal cual lo vio desde su mira telescópica. Iglesias fue sobreseido por el juzgado de instrucción y la Corte Suprema de Justicia de la provincia confirmó el sobreseimiento.
El último de los siete es el Pocho Lepratti, ángel militante que ayudaba en la cocina de la escuela del barrio Los Flores, que subió al techo para exigirle a los policías de la provincia que no dispararan, que ahí sólo había pibes comiendo (como recuerda Gieco en su canción). Lo mató el agente Esteban Velázquez quien cuando fue increpado por los vecinos respondió: “Y bueno, nena, ¿para qué insultaba?”. Está condenado a 14 años de prisión.

Carlos Reutemann era el gobernador santafesino en aquel diciembre de 2001 y dice, en las raras ocasiones en que dice, dice “yo no fui”. “Yo no di la orden”.

No dice –como bien recordó David Narciso en la edición santafesina de este diario– que instaló la represión con balas a la protesta social. Que le dio poder de fuego contra los santafesinos a su secretario de Seguridad provincial, el agente de la side Enrique Álvarez.

El Juez Rubén Saurín, acusado de colgarse de los cables de la luz, decidió no reabrir la investigación sobre las responsabilidades políticas por los asesinatos de Graciela, Walter, Juan, Ricardo, Yanina, Rubén y el Pocho.

Según dijo el abogado Julio Pilo a Radio 2, Reutemann armó una Corte Suprema de Justicia provincial “con su primo Rafael Gutiérrez, su abogado personal Eduardo Spuler y su ex espada legislativa María Angélica Gastaldi” y “el 90 por ciento de los jueces y fiscales que atendieron las denuncias por la inundación de Santa Fe, por supuesto enriquecimiento ilícito o por olvidar su declaración jurada de bienes, ascendieron y sus abogados defensores hoy son jueces”.

Ese señor que no habla, que quiere ser presidente, pasa por las muertes, las inundaciones, las miserias y hace como que no se mancha.

En junio, cuando los santafesinos vayan a votar, tendrán un arma y siete balas. Si votan a Reutemann, serán los únicos responsables de volver a matar a los muertos

Osvaldo Bazán.
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