El Movimiento de Campesinos santiagueño (Mocase) se moviliza por la represión policial


Martes, 30 de Septiembre de 2008

“Los grandes empresarios nos quieren sacar”

Campesinos del Departamento del Copo, en Santiago del Estero, denunciaron que la policía, comandada por el juez Anselmo Juárez, entró en sus casas, los golpeó y les robó todo. Hoy, unos trescientos campesinos se concentrarán en la capital provincial.

En el Mocase se reúnen los campesinos que resisten la avanzada de los grandes empresarios.
Por Alejandra Dandan
“Han venido cuarenta policías donde yo vivo, con el juez, más otros desconocidos: me agarraron a un chico, me lo pegaron, lo esposaron, le preguntaron a mi hija de nueve años adónde me encontraba yo; ahí les pegaron a ellos y luego como no declararon, se metieron en las piezas, me rompieron el ropero, me lo sacaron todo: tenía dinero en efectivo, me sacaron toda la cerveza”.

Juan Orellana integra el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (Mocase). El lunes 22 de septiembre, a las cuatro de la tarde, la policía entró a su casa del paraje La Providencia en el departamento de Copo en compañía del juez del Crimen de Monte Quemado Anselmo Juárez, ex abogado del staff de policía de Musa Azar. En el lugar, Juárez buscaba a Orellana como esa misma noche se buscaban a otros “elementos del Mocase”. Como Orellana no estaba en su casa, la policía se avalanzó sobre sus hijos, uno de los cuales sufre retraso mental. Como en la época del juarismo, se llevaron 22 mil pesos de los ahorros, producto de las ventas de carbón y de postes, de ganado, de las chivas, de una rifa a beneficencia de la organización y del ahorro de los campesinos. También se llevaron tres motosierras, una vieja camioneta Ford ’65 de color rojo, una escopeta calibre 16, ropa y documentos. En el camino, el pelotón pasó por la pieza, tiró por el piso las bolsas de harina y de grasa de la reserva de la familia. Agarró cerveza y la Coca Cola de la heladera, y con unos panes armaron un picnic.
Juan Orellana no vio nada de lo que sucedió esa tarde, pero luego se lo contaron sus hijos. Ellos permanecieron esposados y encañonados por la custodia fuera de la casa; los policías decían que a su padre lo estaban buscando por un robo cuando todo parecía bastante al revés: los hijos aseguraron que “el juez con los demás se pusieron a comer y a contar el dinero afuera, en una mesa”.
“Recién es la primera vez que yo veo estos desastres”, dice Orellana desesperado a PáginaI12. “Yo viví mucho tiempo ahí, mi hijo tiene ya treinta años; siempre nos quieren sacar a todos los pobladores los grandes empresarios, por eso estamos en la lucha y pienso que es por eso que nos quieren liquidar, pero nosotros no vamos a aflojar.”
Copo está a unos 200 kilómetros de Quimilí, donde funciona la sede del Mocase. Aquel mismo día, Orellana se tomó el primer micro que encontró hacía allí para buscar un auxilio. Desde allí, la organización intenta denunciar desde hace más de una semana las características de esa incursión judicial y de las que empezaron a ocurrir a lo largo de septiembre con allanamientos y detenciones violentas. Sólo entre el Mocase Vía Campesina con sede en Quimilí, la Justicia detuvo a 50 personas con órdenes de Añatuya, Monte Quemado y Santiago del Estero. Hasta el fin de semana, quedaban 21 detenidos. Luego de las denuncias públicas dentro y fuera del país, la Justicia terminó liberando a 19. Según los últimos datos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), también hubo detenciones entre los campesinos de otras organizaciones como el Incupo, la Unión de Productores de Salado Norte (Usan) y la Mesa de Tierras. Y en este momento, más de 150 campesinos del Mocase VC con pedidos de captura librados por los juzgados de Capital, Monte Quemado y Añatuya. Por esa situación, el Mocase ayer se autoconvocó con urgencia a la capital de la provincia. Anoche llegaron unos 30 campesinos, a los que hoy se sumarán otros 300.
“Evidentemente a partir de agosto hubo un endurecimiento hacia los campesinos”, dice Antenor Ferreira, abogado de la APDH. Los operativos que normalmente no se hacen con más de cuatro o cinco personas, se están haciendo con “procedimientos brutales con no menos de 30 efectivos, con un despliegue de ómnibus con infantería que de pronto aparecen con granadas y chalecos en medio del monte”.
A modo de ejemplo, entre el 5 y el 19 de septiembre el Mocase relevó tres procedimientos. El viernes 5, una comisión policial exigió a un grupo de campesinos de Quimilí los derechos de posesión de las tierras, un procedimiento con el que los nuevos empresarios de la zona tientan a los pobladores para que vendan y abandonen los campos. Como los campesinos no aceptaron firmar nada, la policía detuvo a cinco de ellos en la comisaría de Quimilí y luego trasladó a dos al penal de Santiago adonde aún están detenidos: ellos son Santos Ramón González y Luis Domingo González, ambos presos sin resolución judicial. El sábado 6, hubo un allanamiento en cinco viviendas de la localidad de Pinto con 33 policías que entraron por el supuesto robo de un caballo. El Mocase explicó que un día después del procedimiento, el senador santiagueño Emilio Rached, aquel que votó del lado de la soja en el Congreso, iba a ser agasajado allí por un grupo de empresarios. Y creen que se trató de una forma de amedrentamiento. El viernes 19 la policía detuvo a Sabino Chávez, cuyo campo pretenden los empresarios.
¿Por qué se disparó esta nueva ola? El primer dato importante que mencionan varias fuentes locales son las elecciones. Santiago acaba de entrar en un proceso eleccionario. Y el próximo 30 de noviembre, el radical K Gerardo Zamora buscará renovar su mandato como gobernador por otros cuatro años. Ese dato es válido, pero no alcanza a explicar el verdadero mar de fondo.
Desde la intervención federal, las políticas masivas de exterminio sobre los campesinos retrocedieron. Los escuadrones paramilitares a sueldo de los terratenientes no desaparecieron pero su poder había cedido. La intervención y Zamora cambiaron también el artículo 182 bis del Código de Procedimiento Penal que le permitía a la Justicia penal actuar libremente para expulsar a los campesinos de los campos sin juicio previo con una sola denuncia de dominio. Se abrió una mesa de diálogo y un espacio de crisis, pero no alcanza.
“Nosotros vemos con buenos ojos que el gobierno de Zamora esté llevando adelante el diálogo con la mesa de tierras, el comité de crisis y está tratando de tomar esos problemas –dice Ferreira–, pero no vemos esa misma postura en la Justicia, en el Poder Judicial ni en el Ministerio de Gobierno desde donde claramente está accionando a la policía.”