LAVADO DE DINERO EL GRUPO CLARIN Y EL PIRATA MORGAN


El juez Cosentino rechazó el pedido del banco para que el empleado infiel no revele el nombre de los que fugaron millones de dólares. Critica Digital04.08.2008 La Justicia rechazó un planteo del banco estadounidense JP Morgan para prohibirle al empleado infiel, Hernán Arbizu, su abogado y a todos los medios de comunicación, la difusión del listado de las personas que fugaron millones de dólares del país . El juez en lo comercial Javier Cosentino aceptó parcialmente la medida cautelar pedida para que Arbizu, sospechado de una estafa por 2,7 millones de dólares, difunda públicamente esa información que habría "obtenido ilícitamente como consecuencia de la relación laboral que lo vinculara con el JP Morgan o la cartera de clientes de éste". Sin embargo, la resolución advierte que esa prohibición "no debe afectar aquella información que eventualmente pudiera brindar el demandado en las acciones penales iniciadas en su contra", de modo tal que si fuera necesario para garantizar su derecho de defensa, la medida cautelar no tendría vigencia. LA AUTODENUNCIA. Las bases de datos contendrían información "confidencial y privilegiada" sobre sus clientes en América latina. El 22 de junio, Crítica de la Argentina publicó la historia de este hombre que alteró con sus revelaciones al poderoso directorio del banco norteamericano y a los clientes a los que asesoró personalmente. En ese listado, estaban Ernestina Herrera de Noble y otros directores del Grupo Clarín. También figuraban Marcelo Mindlin, la familia Priu, Eduardo Constantini y Carlos Bulgheroni, entre otros nombres. El ex ejecutivo del JP Morgan –que se autodenunció en un juzgado federal como parte de una asociación ilícita destinada a lavar dinero y evadir impuestos de los clientes VIP del banco de inversión. PRESUNCIONES. El juez Cosentino rechazó que la restricción informativa fuera aplicada al abogado de Arbizu, Pablo Argibay Molina, "y a cualquier persona y medio técnico de comunicación social que obtuvieren la información cuestionada". "La acreditación de la conducta sindicada al demandado respecto del apoderamiento de dicha información y su entrega a medios masivos de difusión pública sólo puede, en esta instancia, basarse en circunstancias presuncionales pues, a diferencia de otras posibles afectaciones, ésta no se caracterizaría por una evidencia obvia", sostuvo el magistrado. JP Morgan dice que Arbizu habría robado bases de datos que contendrían información sobre los clientes latinoamericanos, por lo que "su eventual divulgación masiva podría traer como consecuencia el descrédito y la falta de confianza que constituyen para cualquier entidad financiera factores determinantes que inciden directamente en el regular desenvolvimiento de la entidad". LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Al rechazar la cautelar contra el abogado y contra los medios de comunicación, el juez advirtió que "acceder a la prohibición con la amplitud requerida importaría un avasallamiento improcedente sobre derechos de terceros, que podrían ver restringido su derecho de información por causa ajena a su responsabilidad". "La acción de informar ha de ser preservada al máximo a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho de información, que constituye al periodismo en reducto privilegiado para el pleno ejercicio de la libertad de expresión autónoma", resumió, citando jurisprudencia de la Corte. Apenas tomaron conocimiento de que Arbizu estaba detenido, los abogados del JP Morgan –Paduano & Weintramb en Nueva York y el estudio Durrieu en Buenos Aires–, pidieron la medida cautelar para que no revele los secretos que conoce por el rol que tuvo en el banco de inversión. Desde que Crítica de la Argentina publicó su autodenuncia y el listado de clientes investigados por posible lavado de dinero, el nerviosismo del banco fue creciendo. Argibay Molina considera imposible que su cliente haga silencio. Sencillamente porque él mismo pidió que se investiguen las supuestas maniobras irregulares que habría realizado para el banco. “Soy parte de una asociación ilícita destinada a lavar activos y a evadir impuestos”, dijo en junio pasado frente al juez Sergio Torres